El concejal de Transición Ecológica comparecerá en el pleno para explicar las consecuencias de la sentencia que obliga a revisar los precios del servicio entre 2012 y 2018

El Partido Popular de Alcoy calcula que los intereses de demora dispararán hasta los 3 millones de euros el pago que el Ayuntamiento de Alcoy debe realizar a Fomento de Construcciones y Contratas por no haber revisado los precios del servicio de recogida de residuos entre los años 2012 y 2018. El principal partido en la oposición cifra en torno a los 900.000 euros los intereses a añadir a los 2,1 millones que una sentencia obliga a pagar a la empresa en concepto de actualización de precios.

El portavoz del PP, Enrique Ruiz, confía en que el concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, ofrezca explicaciones sobre la sentencia en el pleno de este viernes, en una comparecencia forzada por la oposición. Todos los grupos se unieron para, pese a la negativa del PSOE, exigir explicaciones a Silvestre. El regidor deberá responder a las preguntas que le formulen los grupos políticos. “Es importante que el Gobierno del PSOE ofrezca explicaciones sobre las consecuencias millonarias que esta sentencia va a generar al Ayuntamiento”, afirma Ruiz.

Basura Alcoi

La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Alicante obliga a pagar 2,1 millones de euros a Fomento de Construcciones y Contratas por no haber revisado los precios del contrato entre 2012 y 2018, un periodo en el que el contrato estaba caducado. A esos 2,1 millones de euros hay que añadir los intereses de demora, que el fallo judicial no cuantifica. Según los cálculos del PP, esos intereses rondan los 900.000 euros. El portavoz del PP muestra su preocupación por la repercusión del pago de 3 millones de euros. “La desidia del PSOE le sale cada vez más cara a los alcoyanos”, afirma el concejal.

“Si en lugar de mantener el contrato caducado durante seis años, el PSOE lo hubiese renovado rápidamente, Alcoy hubiera tenido un mejor servicio, con mejor precio, y no tendría que pagar 900.000 euros en intereses”, razona Ruiz. El regidor apunta que entre 2012 y 2018 el Ayuntamiento pagó más de 15 millones de euros de forma irregular: con reparos de Intervención por estar el contrato caducado. “En lugar de gestionar con rapidez y eficacia, consintieron que el contrato estuviese caducado durante casi dos legislaturas a pesar de las quejas de los vecinos por mal servicio”, afirma.

El portavoz del PP confía en que esta sentencia “haga ver al PSOE que la política de prorrogar contratos y mantener en precario los servicios no es positiva para la ciudad”. Actualmente están en prórroga los contratos del agua y del autobús.

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