Exige al Gobierno un calendario para definir el modelo de gestión y plazos para su puesta en marcha

El Partido Popular propone revisar las tarifas del agua para ajustar los precios a la actual situación del contrato, prorrogado en junio con el único voto favorable del Gobierno local, del PSOE. El principal partido de la oposición va a solicitar en el pleno del próximo viernes que las tarifas que pagan los vecinos respondan a la nueva situación del contrato, que reduce los gastos de la empresa. Además, exigirá al PSOE que defina un calendario de trabajo para decidir el modelo de gestión y para poner en marcha del nuevo servicio antes de que concluya la legislatura.

El portavoz municipal del PP, Quique Ruiz, sostiene que el Ayuntamiento tiene la obligación de estudiar una revisión de tarifas para que los vecinos “no paguen más de lo que deben”. El concejal advierte de que, con el contrato finalizado, la empresa Aqualia tiene que dejar de contabilizar como gasto, al menos, la amortización de inversiones, que en 2019 fue de 42.843 euros. “Estos gastos fueron amortizados durante el periodo de vigencia del contrato. Ya no los puede amortizar más. Si ahora la empresa disminuye esos gastos, la reducción, por pequeña que sea, debe trasladarse a la factura que pagan los vecinos”, recalca Ruiz.

El concejal confía en que el Gobierno acepte la propuesta y estudie la rebaja de las tarifas del agua a partir de este mismo año. “Los precios que pagan los vecinos deben ser justos. Si como consecuencia de la prórroga, desaparecen gastos, desde ese momento deben reflejarse en los recibos”, recalca el edil. Aunque la prórroga del contrato fue aprobada por un año, el Gobierno ha avanzado su intención de ampliarla por un año más, hasta 2022. “El ajuste del precio se debe mantener durante toda la prórroga”, insiste el edil.

Además de reclamar la reducción del precio a pagar por los vecinos, el PP exige al PSOE que elabore un calendario de actuaciones para definir el modelo de gestión del servicio público de agua. “El Gobierno consintió que caducase el contrato sin tener claro si iba sacar a concurso un nuevo contrato o si iba a municipalizar el servicio. No podemos perder más tiempo”, señala el edil. Ruiz teme que el PSOE “dilate el debate sobre el modelo de gestión para agotar la legislatura sin haber renovado el servicio”. La prórroga puede ampliarse anualmente hasta un máximo de 25 años.

“No podemos seguir con un servicio de agua hace 20 años, cuando se aprobó el actual contacto. Cada día que retrasa la renovación del servicio, el Gobierno impide a los alcoyanos obtener un mejor servicio a mejor precio. Se opone a que el Ayuntamiento se beneficie de la competencia entre empresas y, además, pueda resolver los problemas detectados durante 20 años de gestión privada”, concluye Ruiz.

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